No estamos obligados a declarar nunca, ni ante la policía, ni ante el juez. Ante nadie. Nos protege un derecho fundamental de la Constitución de 1978. "Nadie está obligado a declarar contra sí mismo". Y además nos protege el pacto Internacional de los Derechos Civiles.
Cuando te abren un expediente, o te encuentras ante la policía, no puede nadie obligarte a decir nada. Mucho menos a confesarte culpable de algo -incluso aunque fueses el autor de la infracción o del delito-, pues así lo dice el artículo 24 de la Constitución Española (CE). No olvidemos que el que acusa es el que tiene aportar la prueba de tu culpabilidad. La "carga de la prueba" recae sobre el acusador, porque todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario.
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